- El costo de un elector en 2018
- TYR: “perseguido político”
El senador veracruzano Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara Alta es directo en su sentencia en cuanto al ex gobernador Javier Duarte de Ocho: “representa lo que no debe volver a pasar en el país”.
Y lamenta que las autoridades han hecho un gran esfuerzo para dar forma a un Sistema Nacional Anticorrupción que establece diversos instrumentos, garantizando una rendición de cuentas clara y efectiva en todos los entes públicos a nivel nacional.
Considera que “la extradición de Javier Duarte por parte del gobierno mexicano es el primer paso para que se inicie un proceso penal que garantice la justicia a los veracruzanos. La sola detención de quien ha cometido un delito no es una justicia plena, sino hasta que el daño haya sido reparado. Eso es lo que esperan los veracruzanos”.
Dice que es muy importante que en la detención y el proceso de Javier Duarte no se abanderen causas políticas porque se desvirtúa y manipula la justicia.
“Ni los partidos políticos ni quienes se asumen como alternancia pueden atribuirse el ejercicio penal en contra del ex gobernador. El gobierno federal realizó una serie de investigaciones que derivaron en denuncias por delitos federales. Eso es la responsabilidad que hoy enfrenta ante el juez”.
En su calidad de Presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado dice que se mantendrá atento al desarrollo del proceso, porque es una exigencia de los veracruzanos que el quebranto financiero sea reparado.
En Veracruz, lo que la gente exige es justicia, no venganza, porque la primera servirá para reconciliar a una sociedad que ha sido lastimada, mientras que la segunda sólo servirá a los intereses particulares de personas o grupos”, reflexiona.
Reconoce que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizaron un exhaustivo trabajo con pulcritud y eficacia, por lo que ahora espera que existan los suficientes elementos de prueba que permitan el castigo al ex mandatario veracruzano.
COSTO POR ELECTOR.- El tema del debate de los topes de campaña están ahora en la mesa de discusiones del Instituto Nacional Electoral, por el caso de Coahuila.
Vale la pena rescatar datos que aclaran el panorama electoral nacional.
Por principio de cuentas corresponde a los Congresos de los Estados fijar el tope de campaña.
En un año, los partidos políticos y coaliciones incrementaron el gasto no reportado en 471 %.
En 2016, cuando se celebraron 14 elecciones locales, no se reportaron 77.3 millones de pesos.
En este 2017, con cuatro elecciones estatales no se reportaron 364.2 millones de pesos.
En el Estado de México el tope del gasto es de 285 millones de pesos aunque el listado nominal es de 11 millones de ciudadanos, lo que supone 25 pesos por cada elector.
El tope de la Elección Presidencial en 2018 será de 427 millones de pesos para 87 millones de electores previstos.
En otras palabras cada elector deberá costar solamente 5 pesos.
Al tiempo.
TOMAS YARRINGTON.- Declararse “perseguido político” es una estrategia de la defensa del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba quien este martes se presentó a la Audiencia en el Tribunal de Florencia en donde se decidirá su extradición a México o a los Estados Unidos.
Tres abogados defienden a Yarrington: el profesor universitario Luca Marafioti y su asistente, Laura Innocenti, y el estadunidense Joel Androphy.
Los primeros dos, que tomaron el caso desde que las autoridades italianas convalidaron la detención de Yarrington, son el núcleo duro que trabajó en preparar la defensa del exgobernador y los encargados de presentarse ante los jueces de la Sección Primera Penal de la Corte de Apelaciones de Florencia …Y Punto
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