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«La Comaye» veta a periodistas que no están en su agenda $$$

* Exigen al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, investigar a Directora de Comunicación Social por agresión contra periodistas.

* El caso de la periodista Norma Sanchez no es un caso aislado, la cerrazón de Cinthia Jaime no ha permitido el acercamiento con este medio de comunicación independiente con vigencia desde el año 2010 y que tiene fuerte presencia nacional e internacional, además de un importante trafico mensual en el sitio web y redes sociales, plan de acción que fue presentado a la Directora de Comunicación Social, recibiendo discriminación por no estar en la lista de los periodistas con los que ya tenían «arreglada» una colaboración; pseudomedios que no cuentan con una plataforma ni presencia en internet.

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ALTAMIRA, TAM.- La directora de Comunicación Social del municipio de Altamira, Cynthia Jaime Castillo, que además es suplente de diputada local, por el distrito XIX, fue denunciada por presuntamente amenazar, discriminar, agredir física y verbalmente a la reportera Norma Sánchez, quien ha trabajado por 25 años en los medios de comunicación.

La reportera fue asignada a cubrir el municipio de Altamira por parte de una empresa radiodifusora, sin embargo asegura que ha tenido problemas para que se le comparta la agenda de actividades del alcalde, Armando Martínez, que además es pública.

Las historias de periodistas que han sido vetados, agredidos e incluso discriminados por esta nefasta funcionaria de la 4T, están a la orden del día, la periodista reynosense Norma Sánchez, presidenta de la Red de Mujeres Periodistas en el sur de Tamaulipas, es uno de tantos casos que han ocurrido. Los ataques físicos y verbales en contra de la compañera comenzaron desde el inicio de la administración del morenista Armando Martínez Manríquez.

La colega fue víctima de amenazas, discriminación, agresiones físicas y verbales por parte de la también comunicadora Cynthia Jaime Castillo, Directora de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Altamira, que preside Armando Martínez Manríquez, principal protector y solapado del actuar que viene ejerciendo la locutora Cynthia Jaime alias «La Comaye», también suplente de diputada local por el Distrito 19.

Cabe resaltar que desde el arranque de la administración Mega Red Latina Internacional intentó un acercamiento con la Directora de Comunicación Social del municipio de Altamira para difundir las acciones del gobierno local en vísperas de dar difusion a las acciones de un proyecto que recién iniciaba para recuperar la grandeza de este municipio que por mucho tiempo fue la joya de la corona para las inversiones y el turismo.

Sin embargo la cerrazón de Cinthia Jaime no permitió mantener el contacto entre la administración local y este medio de comunicación independiente con vigencia desde el año 2010 y que tiene fuerte presencia nacional e internacional, además de un importante trafico mensual en el sitio web y redes sociales, plan de acción que fue presentado a la Directora de Comunicación Social, recibiendo discriminación por no estar en la lista de los periodistas con los que ya tenían «arreglada» una colaboración, pseudomedios que no cuentan con una plataforma ni presencia en internet.

De acuerdo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 19 asegura que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Las leyes mexicanas además, establecen que el estado debe brindar el respaldo para que las y los periodistas puedan hacer su trabajo con garantías de seguridad.

Por su parte el organismo de periodistas, emitió un comunicado en el que exigen al Ayuntamiento de Altamira que haga una investigación profunda y apegada a derecho del caso, así como de otros que se han hecho públicos contra compañeras y compañeros. “Le recordamos que la ley reconoce a la actividad periodística como de interés público tutelada y protegida por el estado y los municipios”, sentenció la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas.