Por: José Andrés Zorrilla M.
Hay temas que ameritan siempre además de un análisis estadístico, también una explicación que se interprete desde todos los niveles de gobierno y sobre todo que con ello se cause conciencia en la sociedad civil. Tal es el caso de nuestro sistema penal acusatorio, del que hablaremos hoy como parte de una secuencia del tema que hemos venido tratando, pero del que vale la pena en primer lugar remitirnos a la HISTORIA Y SU ORIGEN, para entender los porqués e ir generando criterios y posturas, cada quien en donde le corresponde.
En la historia moderna de nuestro país se han vivido temas muy álgidos y complicados a nivel nacional en distintos tiempos, en cuanto a seguridad se refiere, que han cambiado de una u otra forma en la ultima década y en particular en estos últimos 15 años, y que ha dado motivo al cambio también de distintas estrategias acompañadas, claro, por las reformas constitucionales correspondientes que han surgido y se han aprobado en el congreso de la unión, es decir en la CÁMARA de diputados de este país, en las distintas legislaturas.
Es precisamente en el 2008 en la administración del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en donde por diversas razones se vivían momentos en nuestro país, de una grave confrontación, en los asuntos de seguridad por los que se estaba atravesando en ese momento, justificando así las acciones con temas operativos y despliegues de fuerzas, pero también acompañando como suele ser con reformas constitucionales, como ocurrió ese año, lo que diera origen a los artículos 18, 19 y 20 de los que ya hemos hablado y que básicamente definieron en esa década, la actual prisión preventiva oficiosa y justificada.
Es precisamente ahí, en donde está el origen de tal situación en materia de justicia penal en nuestro país, dentro de una línea del tiempo que ya NO CORRESPONDE, a los actuales análisis y momentos, a más de 15 años de los que dio lugar a efectuar acciones y reformas a los legisladores por encargo presidencial de la administración federal en turno, porque en aquellos momentos la evasión de un reo federal, podría implicar que hubiera efectos colaterales para la propia ciudadanía, derivado de la guerra que se abrió contra ciertos sectores de la delincuencia y que ahora por cierto, tanto se cuestiona y critica.
Fue precisamente en esos momentos cuando se requería de esta reforma constitucional para asegurar la detención de los caídos y garantizar la protección de terceros en dicha guerra, de ahí surge realmente la motivación prisión preventiva OFICIOSA Y JUSTIFICADA, aprobada en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, compuesta en su mayoría por el PAN y acorde a lo que requería también la administración federal, para acompañar sus políticas en ese sentido, leyes que hoy se encuentran en debate nacional e internacional, como ya está ocurriendo.
Lo anterior resulta sumamente irónico no solamente en una visión de estado políticamente hablando. El México de hoy no es el mismo país, y en consecuencia no podemos basarnos en estructuras jurídicas del pasado, que ya cumplen con el objetivo. EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO, incluso podemos decir ciertamente, que el balance es trágico, 90 MIL PERSONAS están privadas de su libertad actualmente, es decir el 42% de la población en los 291 penales, personas que se “presumen inocentes” de acuerdo a nuestra constitución y que muchas de ellas ya han rebasado incluso la pena que le tocaría en caso de ser sentenciados por culpabilidad.
Lo anterior además de trágico es desastre para nuestras GENERACIONES ACTUALES en un asunto de un México de injusticia absurda, que no les toca vivir, ni dirigir, ni desarrollarse, que debería ser ejemplo para ellos y para nuestros hijos, que hoy escuchan la crítica de la que somos objeto como país en este rubro, ante la opinión internacional, por estas aberraciones a los derechos humanos y que sin duda afecta el ambiente para el desarrollo económico, social y cultural. Todo lo que se diga es incongruente a esto, que está pasando.
Hoy por hoy, nuestra sociedad esta acostumbrada, ya a vivir con miedo, pero no solamente a la inseguridad, ahora el miedo es que los juzguen con estas leyes constitucionales y válidas, que dicho sea de paso, a quien le toca la responsabilidad de cambiarlas, no es a la Suprema corte de justicia de la Nación (SCJN), ellos están para hacer que se cumpla la constitución, aunque opinen y se hayan pronunciado al respecto, a quién le toca cambiarlas es la Cámara de Diputados actual, que podrá hacerlo con voluntad política.
En materia de justicia humana, lo que sí vale la pena traer del tiempo, por su contundente significado, es lo que expresara Benjamín Franklin en 1785, “es preferible que cien personas culpables escapen a que un solo inocente sufra”. Esto como tal, es uno de los principios traídos desde el SIGLO XV, que irónicamente contemplan los principales soportes de la justicia penal moderna, tema el la que nuestro país debe de hacer un balance y recuento. Toca a la sociedad exigir y a sus líderes dárselo.
Hasta Pronto.
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