● La discriminación que experimentan las personas que han estado privadas de su libertad genera efectos negativos en su proceso de reintegración al mercado laboral, violentando sus derechos humanos y poniendo en riesgo la seguridad pública del país (Instituto de Reinserción Social, 2018).
● De los 41 grupos vulnerables en el país, las personas con antecedentes penales representan el lugar 16 en el ranking (Instituto de Reinserción Social, 2018).
● Nueve de cada 10 personas privadas de la libertad estuvieron involucradas por primera vez en alguna actividad delictiva antes de cumplir seis años (Reinserta, 2023).
Ciudad de México.- Reinserta celebra que el Senado de la República avalara con 69 votos a favor enmiendas a la Ley Federal del Trabajo, para que los empleadores privados y las mismas instituciones públicas no puedan solicitar cartas de antecedentes no penales.
México tiene un modelo de privación de la libertad donde el objetivo primordial es la reinserción social basándose en el 18 constitucional garantizando la re-institución de sus derechos, una vez que se haya cumplido la sentencia determinada por un juez, es por ello que, la solicitud de carta no penal es re victimizante para quienes ya no tienen una deuda con la sociedad y el estado. .
Desde Reinserta hemos visto que la imposibilidad de las personas en proceso de reinserción por obtener trabajo y un proyecto de vida digno se complica cuando las necesidades básicas no son cubiertas, orillándolos, muchas veces, a las personas que buscan rehacer su vida a no encontrar trabajo, por ende no poder mantener a sus familias, no poder comer y poder generar ingresos básicos para subsistir. Esto aumenta las posibilidades de que regresen a la vida delictiva.
Necesitamos entender que para poder lograr la reinserción social en México, es necesario generar las políticas públicas adecuadas para que las personas tengan un proyecto de vida digno.
Sin embargo, desde Reinserta queremos hacer un llamado a las autoridades y al legislativo, dado que los procesos de reinserción social estipulados en el 18 constitucional, no necesariamente aportan a las necesidades de reinserción de los agresores sexuales, especialmente aquellos con un trastorno de pedofilia. Es importante crear un modelo de atención diferenciado, que ayude atender las necesidades de una persona con parafilias, para así empezar a prevenir la violencia sexual en el país.
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